Home Blog Page 13

Los tiroteos de Half Moon Bay y Monterey Park evidencian las carencias de los inmigrantes de la tercera edad

Los Ángeles (CA) – Situada a unos 50 kilómetros de San Francisco, Half Moon Bay es una pequeña localidad costera de California dedicada a la agricultura. Sobre sus colinas trabajan de sol a sombra campesinos latinos y asiáticos dedicados al cultivo de setas, alcachofas, coles de Bruselas o judías. Hace unos días, esta tranquila comunidad de inmigrantes ––muchos de ellos indocumentados–– se convirtió en el escenario de un tiroteo masivo que se saldó con al menos 7 muertos. El ataque llegaba días después de que las lluvias torrenciales castigaran con fuerza la región, obligaran a realizar evacuaciones y dejaran a los trabajadores del campo temporalmente sin su fuente de ingresos.

El trágico tiroteo se sumaba al perpetrado días antes en un salón de baile de la también localidad californiana de Monterey Park, que dejó una decena de muertos.

Los agresores en ambos incidentes eran inmigrantes asiáticos de la tercera edad. Sus actos hicieron florecer de nuevo el trauma que durante décadas ha marcado a las comunidades de refugiados que llegaron a este país huyendo de conflictos bélicos y guerras en Asia y otras regiones del planeta ––un trauma que, al ser invisible, ha impedido que los afectados recibieran acceso a la atención médica y al apoyo social que requerían––.

El trauma y el aislamiento: retos para los ancianos indocumentados

Lo cuenta Laura Som, que con apenas diez años aterrizó en Los Ángeles escapando del genocidio de Camboya. Ahora dirige el Centro MAYE, una organización que brinda apoyo a supervivientes de trauma, racismo sistémico y opresión situada en Long Beach, la localidad con mayor población de camboyanos de EEUU.

“Al crecer en América fui testigo del deterioro mental que sufren nuestros ancianos y comunidades debido a las guerras, la violencia extrema y el abandono por parte de las comunidades dominantes. Algunos de estos síntomas son trauma, odio, violencia, furia y depresión”, asegura Som durante un evento organizado y moderado por Sandy Close, directora ejecutiva de Ethnic Media Services (EMS).

Som explica que la gran mayoría de los miembros de su organización tienen la misma edad que las víctimas y agresores de ambos tiroteos masivos. También denuncia la falta de recursos para abordar y tratar problemas de salud mental en su comunidad, y exige medidas que regulen la posesión y el uso de las armas.

Otro de los obstáculos que Som ha podido identificar gracias a sus años al frente de MAYE es la falta de terapeutas y especialistas que estén sensibilizados y familiarizados con las culturas, idiomas y metodologías asiáticas. “En Long Beach tenemos muy pocos terapeutas que hablan camboyano”, lamenta.

Con esta visión coincide Linda Yoon, cofundadora del Colectivo Yellow Chair, un centro terapéutico situado en Manhattan Beach dirigido a la comunidad asiática. Cuenta la trabajadora social que la barrera lingüística es un gran inconveniente para garantizar la asistencia necesaria a los inmigrantes de la tercera edad procedentes de países asiáticos, algo que pudo comprobar de primera mano nada más graduarse de la universidad. “Era muy difícil encontrar a alguien que hablara el idioma”, dice.

El aislamiento, el dolor y el trauma que los ancianos asiáticos que emigraron a EEUU llevan enquistado en su interior es una preocupación que también conoce de cerca Helen Zia, activista y autora del libro The Last Boat out of Shanghai.

Su obra recoge los testimonios de inmigrantes chinos cuyas edades ahora oscilan entre los 70 y 90 años, y cuyas infancias se forjaron a golpe de guerra ––entre destrucción, tanques y bombas––. Para todos, el silencio es el denominador común.

“Nunca le conté a nadie que, de camino a la escuela, veía niños muertos en la calle y que los perros se los comían, o que presencié cómo le cortaban la cabeza a la gente, o que tenía que caminar cientos de millas sin saber si volvería a comer”, relata la escritora estadounidense de origen chino.

Según Zia, la tragedia de Monterey Park ha amplificado el temor en una comunidad que de por sí ya vive traumatizada por hechos ocurridos décadas atrás. Insiste además en que no se debería esperar a que se produzcan tiroteos masivos para compartir y visibilizar los estragos que sufren estos grupos demográficos.

“¿Por qué tiene que ser esto una noticia ahora?” reflexiona la autora. “Tienes a trabajadores del campo de 70 años viviendo en tráilers. ¿Por qué no sabemos nada de ellos?”

Varias organizaciones le tienden la mano a los afectados

Los tiroteos ocurridos en estas últimas semanas han obligado a las organizaciones e instituciones especializadas en salud mental y servicios migratorios a movilizarse rápidamente y a redoblar los esfuerzos para asistir a los afectados. Entre ellos se encuentran los Centros de Tratamiento y Psicología para Asiáticos del Pacífico, que están situados en zonas de alta población asiática en Los Ángeles, y que cuentan con servicios adaptados a las necesidades culturales y lingüísticas de estas comunidades.

“La mayoría de los ancianos que vemos de Vietnam, Camboya y Laos todavía están batallando con el trastorno de estrés postraumático 40, 50 años después de las guerras y revoluciones que les obligaron a huir como refugiados”, asegura Brett Sevilla, director médico de estos centros. “Después de ver los vídeos de los ataques a ancianos asiáticos, muchos tienen miedo a salir de casa”.

Desde la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) también se está brindando apoyo a las comunidades afectadas. Rita Medina, subdirectora de políticas estatales y campañas, asegura que los tiroteos masivos han evidenciado las acuciantes condiciones que sufren los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales son indocumentados y continúan trabajando en su vejez para garantizarse un techo y alimentos.

“Siguen trabajando durante lo que deberían ser sus años dorados…porque tienen que hacerlo, porque no tienen acceso a beneficios vinculados con la seguridad social o una jubilación formalizada”, dice Medina.

California continúa la ampliación de Medi-Cal

En cuanto al acceso médico, California va dando pasos hacia un modelo de salud universal. Recientemente, el estado dorado amplió Medi-Cal para incluir a los adultos que tienen al menos 50 años, incluyendo a la población indocumentada. Según datos oficiales del Gobierno de Gavin Newsom, en octubre de 2022, 286.000 inmigrantes indocumentados con 50 años o más recibieron cobertura médica a través de Medi-Cal.

Concluye Medina, sin embargo, que algunas medidas necesarias para proteger a los trabajadores indocumentados de la tercera edad pasan también por una reforma migratoria a nivel federal, algo por lo que CHIRLA seguirá abogando.

Do you have any tips? Contact the reporter at aitana_investigations@protonmail.com.

Image credit: by Christian Collins is licensed under CC BY-SA 2.0.

Cómo anticiparse a los desastres naturales y estar preparado de antemano

Los Ángeles (CA) – Eran apenas las ocho de la mañana cuando Marisa González recibió una llamada urgente de una vecina cuya familia había recibido una orden de evacuación que afectaba al Cañón de Matilija, situado en el condado de Ventura. Durante días, este paraíso natural de California había sido duramente castigado por las lluvias torrenciales, que provocaron derrumbes de tierra y cortes de carretera. Nada más recibir la orden, la familia se apresuró a llenar una mochila con algo de ropa y enseres personales, y se subió a un helicóptero que los trasladó a una zona segura.

“Menos mal que pude ofrecerles un techo hasta que los autorizaron regresar a su casa días después”, relata González. “Pero hay familias de la región que decidieron quedarse en la montaña a pesar de la lluvia y que asumieron el correspondiente riesgo”.

Escenas como éstas se han replicado en numerosas localidades de la costa y del interior de California en el mes de enero de 2023 como resultado de las nevadas, vientos huracanados, lluvias torrenciales e inundaciones ––algunas zonas registraron niveles históricos de precipitaciones–– que obligaron a realizar evacuaciones en cadena, a dar apoyo inmediato a los damnificados y que culminaron en una veintena de muertos.

Nunca es tarde para prepararse: Diseña un plan de evacuación

En muchos casos, los afectados desconocen qué protocolos deben seguir y a qué organismos acudir para solicitar ayudas urgentes. Éste, de hecho, fue el tema central de “Mantenerse en Alerta y Seguro Durante las Tormentas: No es Demasiado Tarde para Estar Preparado”, una presentación organizada por Ethnic Media Services (EMS) y California Black Media el pasado 17 de enero que contó con la presencia de Listos California y representantes de la Oficina de Servicios de Emergencia de California (CalOES).

Vea aquí la presentación completa.

Durante el acto, se hizo hincapié en la importancia de tener un plan de acción previo a la llegada de cualquier desastre natural o climatológico. Todos los expertos coincidieron en que es vital anticiparse y estar preparado para actuar de manera organizada y ponerse a salvo con rapidez.

Así lo expresó Vance Taylor, jefe de la Oficina de Acceso y Necesidades Funcionales, para quien contar con un plan es una garantía de “bienestar” y “seguridad” en caso de enfrentarse a una situación crítica en el futuro.

Además de recomendar la activación gratuita de las alertas por emergencia (a través de calalerts.org) para estar debidamente informado en todo momento, Taylor recalcó que tener un plan es todavía más esencial para aquellas personas con impedimentos físicos o que requieran atención especial. “Si tienes necesidades de acceso o funcionales, haz un plan de evacuación. Sigue los protocolos de las autoridades locales. Si dicen que hay que evacuar (la zona), tienes que marcharte”, aseguró.

Ayudas disponibles para damnificados

Cuenta Diana Crofts-Pelayo, directora asistente de la Oficina de Comunicación y Asuntos Públicos de Cal OES, que la devastación ocasionada por los fenómenos naturales pone a prueba la coordinación entre el Gobierno federal y las autoridades estatales, locales y tribales, así como la capacidad de llegar a cada comunidad en su lengua dominante.

Asegura que el conjunto de fenómenos climatológicos extremos que han azotado el estado dorado y el número de muertos que éstos han causado son de tal magnitud que se ha requerido una respuesta urgente y esfuerzos redoblados por parte de las autoridades.

“Estas tormentas están entre los desastres naturales más mortales en la historia moderna de nuestro estado”, lamenta Crofts-Pelayo.

Tras la abrupta llegada de las lluvias torrenciales, el Gobernador de California, Gavin Newsom, declaró la emergencia por desastre natural en los condados de Santa Cruz, Merced y Sacramento para facilitar la salida inminente de fondos económicos a estas regiones y garantizar que las autoridades locales cuentan con asistencia adicional ––más allá de la que éstas pueden ofrecer––.

Cuenta Taylor que los damnificados en estos tres condados tienen acceso a ayudas federales a través de FEMA (la Agencia de Gestión de Emergencias), lo que despeja el camino para que ––potencialmente–– puedan recibir fondos dirigidos a cubrir el alquiler, la hipoteca, otros gastos, o para adquirir productos esenciales, incluyendo muebles, gafas, audífonos o material médico crítico que puedan requerir.

La declaración de emergencia de Newsom también facilita a los afectados el acceso a préstamos a un interés bajo y a otros servicios ofrecidos por el SBA (Small Business Administration). Sin embargo, estas opciones no están disponibles para las regiones donde aún no se ha decretado una emergencia. A 17 de enero, todavía había 49 contados ––de los 58 que conforman California–– a la espera, e impacientes, de que el Gobierno estatal emitiera la declaración por desastre natural.

Otro de los programas disponibles para los afectados está dirigido a los cinco millones de receptores de CalFresh que hay en el estado dorado, los cuales pueden acudir al Departamento de Servicios Sociales de su respectivo condado para solicitar alimentos frescos que reemplacen aquellos que se hayan estropeado como resultado de los cortes de electricidad.

Según Kim Johnson, directora del Departamento de Servicios Sociales de California, los acontecimientos ocurridos este año le han obligado a la agencia a ampliar sus servicios. Explica, por ejemplo, que CalHOPE ––una agencia financiada por FEMA y el CDHCS–– ofrece servicios que van desde el apoyo psicológico individual y en grupo, a otros recursos dirigidos a aliviar las circunstancias y consecuencias que experimentan las víctimas de desastres naturales.

Johnson también recuerda que uno de los colectivos más vulnerables en situaciones críticas son las personas de la tercera edad.

“Nuestros seres queridos mayores tal vez estén aislados, tal vez no mantengan de forma regular las conexiones sociales que solían tener”, dice. Por eso, los anima a llamar al (888) 670-1360 si se encuentran aislados o necesitan alojamiento, alimentos, productos higiénicos o acudir al médico.

El regreso a casa: Los peligros del agua contaminada y el temido moho

La travesía para los damnificados de desastres naturales no concluye el día que las autoridades autorizan el regreso de éstos a sus hogares. De hecho, deben afrontar desde el temido moho a los riesgos para la salud que se derivan de la falta de agua potable.

“El mejor consejo es evitar el agua procedente de las inundaciones todo lo que se pueda”, advierte Jason Wilken, representante del Departamento de Salud Pública de California. “Si tienes niños, no permitas que jueguen cerca o en aguas procedentes de las inundaciones”.

El experto recomienda que los pequeños eviten juguetes que han estado en contacto con estas aguas si no han sido previamente desinfectados, y recomienda el uso de botas y guantes plastificados antes de entrar en contacto ellas.

También se deben extremar las precauciones antes de beber agua del grifo o procedente de pozos. Wilken recomienda obtener autorización previa de las autoridades y optar, mientras tanto, por agua embotellada. Sin embargo, el experto ofrece una última e importante advertencia incluso antes de beber agua embotellada: Hervir la botella durante un minuto para desinfectarla ante el riesgo de que haya estado en contacto con aguas contaminadas.

La desinfección y la limpieza son pasos también ineludibles ante la presencia de moho en la vivienda, ya que el crecimiento y la exposición a hongos puede acarrear problemas de salud para los ocupantes de ésta. Los expertos calculan que sólo tienen que transcurrir 48 horas para que, de la humedad, florezca el moho.

“Es importante sacar de tu casa los objetos que estén húmedos y secarlos tan pronto como sea posible”, recomienda Wilken.

Por último, ofrece consejos prácticos para crear en casa un limpiador y desinfectante eficaz: Es tan sencillo como echar una cucharada sopera de lejía en un galón de agua. “Este es un buen limpiador que sirve para cualquier propósito. Pero nunca debes combinar limpiadores distintos”, concluye.

Además de seguir estas recomendaciones, el portal web del CDC ofrece más información sobre cómo combatir el moho. Y en última instancia, se pueden contratar los servicios de limpieza y desinfección de un especialista.

El último aspecto que deben valorar los damnificados es la cobertura que un seguro quizá pueda ofrecer ante calamidades climatológicas. Tony Cignarale, del Departamento de Seguros de California, recomienda que todo afectado documente los daños materiales y guarde los recibos de comidas, hoteles y otros gastos. También desaconseja que se inicien reparaciones sin previa autorización de su seguro.

Recursos disponibles

*Para solicitar asistencia a FEMA, puede dirigirse al (800) 621-3362, descargarse la aplicación móvil o visitar la página web, que está disponible en varios idiomas (disasterassistance.gov).

*Para información sobre seguridad frente a inundaciones, visite este enlace del CDC: cdc.gov/disasters/floods/after.html

*Para información sobre el moho, visite esta página del CDC: cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CPE/Pages/Mold.aspx.

*Para recibir asistencia de CalHOPE, llame al (833) 317-HOPE (4673) o visite su portal web (calhope.org).

*Para dar asistencia a personas de la tercera edad, llame al “Friendship Line” al (888) 670-1360.

*Para activar alertas gratuitamente, visite calalerts.org

*Para más información sobre seguros llame al (800) 927-4357 o visite insurance.ca.gov

Do you have any tips? Contact the reporter at aitana_investigations@protonmail.com.

Featured image: by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Man Charged in $110 Million Cryptocurrency Scheme

"Crypto Bitcoin stock pic Chest Piggy Bank" by Crypto360 is marked with CC BY 2.0.

A Puerto Rico man was scheduled to make his initial appearance this week at the federal courthouse in Manhattan to face commodities fraud, commodities market manipulation, and wire fraud charges in connection with the manipulation of the Mango Markets decentralized cryptocurrency exchange.

According to court documents, Avraham Eisenberg, 27, engaged in a scheme to fraudulently obtain approximately $110 million worth of cryptocurrency from the cryptocurrency exchange Mango Markets and its customers and achieved this objective by artificially manipulating the price of certain perpetual futures contracts. He was previously arrested on Dec. 26, 2022, in San Juan, Puerto Rico, pursuant to a criminal complaint and ordered detained.

“Exploiting decentralized finance platforms is the new frontier of old school financial crimes in which criminals abuse emerging technologies for their own personal gain,” said Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. of the Justice Department’s Criminal Division. “With this prosecution, the Criminal Division is sending the message that no matter the mechanism used to commit market manipulation and fraud, we will work to hold those responsible to account.”

Mango Markets is a decentralized cryptocurrency exchange that allows investors to, among other things, purchase and borrow cryptocurrencies and cryptocurrency-related financial products.  Mango Markets is run by the Mango Decentralized Autonomous Organization (the Mango DAO). The Mango DAO has its own crypto token named MNGO, which investors can buy and sell. Holders of the MNGO token are allowed to vote on changes to the Mango Markets platform and issues related to the governance of the Mango DAO.

“As alleged, Avraham Eisenberg manipulated the Mango Markets cryptocurrency exchange in order to obtain over $100 million in illicit profits for himself,” said U.S. Attorney Damian Williams for the Southern District of New York. “Through his scheme, Eisenberg left others holding the bag. Market manipulation is illegal in all of its forms, and this office is committed to prosecuting such schemes wherever they occur – including the cryptocurrency markets.”

“The defendant is alleged to have executed a scheme through which he fraudulently acquired over $100 million worth of cryptocurrency,” said Assistant Director in Charge Michael J. Driscoll of the FBI New York Field Office. “The FBI is dedicated to safeguarding the integrity of all financial markets and will ensure any individual willing to exploit one be held responsible in the criminal justice system.”

Eisenberg is charged in the Southern District of New York with one count of commodities fraud, one count of commodities manipulation, and one count of wire fraud. If convicted, he faces a maximum penalty of 10 years in prison for the commodities fraud count, maximum penalty of 10 years in prison for the commodities manipulation count, and maximum penalty of 20 years in prison for the wire fraud count.

The FBI is investigating the case with assistance from Homeland Security Investigations and IRS Criminal Investigation. The Commodity Futures Trading Commission and the Securities and Exchange Commission initiated parallel civil proceedings.

National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) Trial Attorney Jessica Peck and Assistant U.S. Attorneys Thomas Burnett and Noah Solowiejczyk for the Southern District of New York are prosecuting the case.

The NCET was established to combat the growing illicit use of cryptocurrencies and digital assets. Under the Criminal Division, the NCET conducts and supports investigations into individuals and entities that enable the use of digital assets to commit and facilitate a variety of crimes, with a particular focus on virtual currency exchanges, mixing and tumbling services, and infrastructure providers. The NCET also sets strategic priorities regarding digital asset technologies, identifies areas for increased investigative and prosecutorial focus, and leads the department’s efforts to collaborate with domestic and foreign government agencies as well as the private sector to aggressively investigate and prosecute crimes involving cryptocurrency and digital assets.

An indictment is merely an allegation. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.

Press Release by DOJ.

Featured image: by Crypto360 is marked with CC BY 2.0.

Las claves para entender los debates más candentes sobre la enseñanza estadounidense en 2023

Los Ángeles (CA) – Un año más, el estado de la educación en EEUU es uno de los debates más polarizantes y polémicos entre expertos, activistas y estudiantes de todo el país. De igual manera, divide a los magistrados del Tribunal Supremo de EEUU, sobre cuyas manos recaen dos importantes decisiones: El futuro del programa del Presidente estadounidense, Joe Biden, para perdonar la deuda estudiantil, y el futuro de la acción afirmativa, que permite a las universidades emplear la raza como un factor para admitir o rechazar a un estudiante.

Estos no son, sin embargo, los únicos temas en el candelero. De ello dieron debida cuenta los panelistas que participaron en una presentación organizada por The Leadership Conference Education Fund y Ethnic Media Services el 18 de enero de 2023, durante la cual se abordaron además la Teoría Crítica de las Razas (CRT), la prohibición de libros sobre esta materia en las aulas o la inclusión de individuos con minusvalías en el sistema educativo, entre otros.

Vea aquí la presentación completa.

El programa de Biden para perdonar la deuda estudiantil…contra las cuerdas

La apertura de la presentación corrió a cargo de Genevieve Bonadies Torres, Directora Asociada del Proyecto de Oportunidades Educativas del Comité de Abogados en Derechos Civiles Bajo la Ley, quien se refirió al programa de Biden como una medida indispensable para sanear la economía de los estudiantes tras los estragos adicionales causados por la pandemia.

“La pandemia por COVID-19 ha supuesto una crisis sin precedentes a nivel sanitario, social y económico. El plan de ayuda para estudiantes endeudados del Gobierno de Biden Harris es una respuesta moral y legal que se necesita urgentemente”, aseveró Torres.

De salir adelante, el programa presidencial perdonaría hasta un máximo de 20.000 dólares en deuda a más de 40 millones de estudiantes de familias de clase media y baja. Hasta la fecha, el gran obstáculo ha sido la fuerte oposición que el Partido Republicano ha ejercido ante el proyecto. De hecho, varios estados decidieron aliarse y llevar la lucha hasta los tribunales. La primera victoria republicana fue lograr una orden judicial que pausara la implementación del programa. Y ahora, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo de EEUU ––con mayoría de magistrados afines a los intereses republicanos––.

Torres explicó que, de no prosperar la iniciativa de Biden, los grandes perjudicados serán los estudiantes latinos y negros, ya que el plan fulminaría toda la deuda para el 50% de los estudiantes en el primer escenario y para el 25% en el segundo.

La experta advirtió además que, sin esta medida, “millones de prestatarios sobrepasarán sus límites financieros” cuando se reanude el periodo de pagos asociados con la deuda estudiantil. “Entre ellos hay millones de prestatarios de color que sabemos que han sido los más afectados por la pandemia”, agregó.

Si bien el programa de Biden le daría un respiro financiero a los estudiantes, en caso de no materializarse, reduciría la capacidad crediticia de los endeudados y los pondría en una incómoda situación: tener que decidir entre pagar la deuda acumulada o cubrir sus necesidades básicas.

¿Debe emplearse la raza en las decisiones de admisión universitarias?

Otro tema cuyo futuro también depende del Supremo es la llamada acción afirmativa, que desde 2003, le ha permitido a los centros universitarios emplear la raza como un factor para evaluar y decidir si admitir a un estudiante con el fin de garantizar la diversidad del cuerpo estudiantil.

En los últimos años, hasta máximas instancias judiciales han llegado dos mediáticos casos que desafían esta práctica: uno contra la Universidad de Carolina del Norte (UNC) ––la universidad pública más antigua del país–– y otro contra Harvard ––la primera universidad privada contra la que se interpone una querella por este motivo––.

En el caso de UNC, la raza supone uno de los 44 factores que se tienen en cuenta para evaluar a los estudiantes, mientras que en el caso de Harvard, la lista de factores se dispara por encima de los cien.

“Tened presente que el Tribunal Supremo determinó que las cuotas son inadmisibles ya en el año 1978. Así que no estamos hablando de las cuotas”, advirtió Michaele N. Turnage Young, abogada sénior del Fondo de Defensa Legal (LDF).

La letrada insistió en que hay que diferenciar claramente entre las cuotas, y la política de las universidades de considerar la raza del candidato como uno de los múltiples factores que decantarán o no su admisión.

Explicó también que, en el proceso judicial abierto contra Harvard, se le acusa al centro “de discriminación intencional hacia solicitantes asiático-americanos”.

Los querellantes le piden a los jueces que prohíban a las universidades conocer la raza del candidato durante el proceso de selección. Pero Turnage considera que una medida como la acción afirmativa es una herramienta necesaria para combatir el racismo sistémico, garantizar la diversidad y despejar el camino del progreso para grupos que llevan décadas sufriendo la discriminación.

Turnage recalcó que todo individuo se merece tener acceso a una educación de calidad y agregó que “desafortunadamente, mientras que el talento está por todas partes en nuestro país, las oportunidades, no”.

La polémica Teoría Crítica sobre las Razas (CRT) y la prohibición de libros sobre esta materia en las aulas

Otro tema incandescente que abordaron los panelistas es la lucha que se libra contra la polémica Teoría Crítica de las Razas (CRT) y contra la presencia de los libros sobre esta materia en las aulas estadounidenses.

La cascada de escuelas que, desde 2021, ha anunciado la prohibición de libros sobre CRT va al alza, sobre todo en Texas, que encabeza la lista de estados con el mayor número de centros escolares donde se ha prohibido la enseñanza de la historia racial de EEUU. Según datos de PEN America, Texas ha prohibido 801 libros en 22 distritos escolares sobre la historia racial o la identidad sexual.

El último estado en sumarse a la tendencia antiCRT ha sido Florida, que ahora comparte lista con Idaho, Iowa, Arkansas, New Hampshire, Oklahoma y Tennessee.

Así lo narró Morgan Craven, directora nacional de políticas, campañas y participación de la Intercultural Development Research Association, que anticipa vetos similares en más colegios a lo largo de 2023. De hecho, 17 estados han propuesto medidas legislativas similares para impedir la enseñanza de CRT en las escuelas.

Para la experta, CRT es una herramienta educativa fundamental de cara a exponer los peligros del racismo sistémico desde una edad temprana, y condena la censura escolar de esta materia. Además reivindicó un entorno escolar que refleje la diversidad identitaria y racial, que fomente la equidad y que premie la inclusión.

Sobre estos tres últimos temas se pronunció también Liz King, moderadora del panel y directora sénior del Programa de Equidad Educativa de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, quien recalcó la necesidad de sembrar la equidad y la justicia en las aulas.

“Sabemos que las decisiones sobre políticas educativas deben dar cuenta de los valores, prioridades y experiencias de la gente marginalizada”, señaló.

Garantizar un entorno escolar seguro y sano

Por su parte, AJ Link, analista de políticas del Autistic Self Advocacy Network, desgranó los ocho principios que considera imprescindibles para crear un entorno escolar seguro, sano y libre de amenazas.

Entre ellos destacan el tratamiento del trauma infantil, un espacio libre de la presencia de las fuerzas del orden, invertir en la infraestructura necesaria para garantizar un clima escolar positivo, mejorar las protecciones contra el acoso y la discriminación, y eliminar amenazas contra la seguridad y protección del alumnado.

“Todos los estudiantes se merecen un clima escolar seguro, sano e inclusivo. Todos los estudiantes se merecen la oportunidad de asistir a una escuela con un ambiente positivo que vele por sus derechos, proteja contra el acoso y la discriminación y garantice su salud y seguridad”, dijo Link.

Infancia, pobreza y justicia racial y de género

La última presentación llegó de la mano de Whitney Pesek, directora de políticas federales para el cuidado de los niños del Centro Nacional Legal de Mujeres, que incidió en la necesidad de invertir en una enseñanza y en unos cuidados que sean tanto de calidad, como económicamente asequibles para mejorar la equidad racial.

“Es indispensable de cara a la justicia racial y de género que se aborden las profundas desigualdades que hay en los sistemas de cuidados tempranos y de educación de EEUU”, aseveró. Para ello, invocó la ayuda del Gobierno federal.

Además, insistió en que la pandemia ha atrasado la educación de muchos pequeños, pero agregó que “también es importante señalar que la pobreza juega un papel enorme en los logros de los estudiantes”.

“Tuvimos mucho éxito aliviando la situación de pobreza de muchos niños cuando contábamos con el crédito tributario por hijos, y permitimos que caducara”, lamenta. “Es importante hacer constar que la pandemia está, en gran medida, fuera de nuestro control, pero las decisiones en torno a las políticas que afectan a los niños que viven en la pobreza, están bajo nuestro control”, concluyó.

Do you have any tips? Contact the reporter at aitana_investigations@protonmail.com.

Featured image: by Kamil Porembiński is licensed under CC BY-SA 2.0.

Miami Woman Charged for Using Fraudulent COVID-19 Relief Funds to Finance Lavish Lifestyle

MIAMI — Daniela Rendon, 31, of Miami made her appearance in federal magistrate court today and was charged with fraudulently obtaining COVID-19 relief loans and grants under the Paycheck Protection Program (PPP) and the Economic Injury Disaster Relief Program.

According to the indictment, Rendon submitted fraudulent applications seeking COVID-19 relief funds from the Small Business Administration and PPP. She is alleged to have falsified her revenue and payroll and submitted fraudulent IRS tax forms. According to the charges, Rendon received approximately $381,000 in fraudulent funds. To disburse the funds, she is alleged to have enrolled with a payroll processor to issue fraudulent payroll checks to herself, family members, and friends. She is alleged to have used the fraudulently obtained funds to lease a 2021 Bentley Bentayga, rent a luxury Biscayne Bay apartment, pay for cosmetic dermatology procedures, and refinish her designer shoes.

The indictment charges Rendon with seven counts of wire fraud, two counts of money laundering, and one count of aggravated identity theft. If convicted, she faces up to 20 years in prison. A federal district court judge will determine any sentence after considering U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors.

U.S. Attorney for the Southern District of Florida Markenzy Lapointe and acting Special Agent in Charge Michael E. Buckley, Homeland Security Investigations (HSI) Miami, made the announcement.

HSI Miami investigated the case and Assistant U.S. Attorney Jonathan Bailyn is prosecuting it.

An indictment is a mere allegation. A defendant is presumed innocent until found guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.

On May 17, 2021, the Attorney General established the COVID-19 Fraud Enforcement Task Force to marshal the resources of the Department of Justice in partnership with agencies across government to enhance efforts to combat and prevent pandemic-related fraud. The Task Force bolsters efforts to investigate and prosecute the most culpable domestic and international criminal actors and assists agencies tasked with administering relief programs to prevent fraud by, among other methods, augmenting and incorporating existing coordination mechanisms, identifying resources and techniques to uncover fraudulent actors and their schemes, and sharing and harnessing information and insights gained from prior enforcement efforts. For more information on the department’s response to the pandemic, please visit https://www.justice.gov/coronavirus.

On September 15, 2022, the Attorney General selected the Southern District of Florida’s U.S. Attorney’s Office to head one of three national COVID-19 Fraud Strike Force Teams. The Department of Justice established the Strike Force to enhance existing efforts to combat and prevent COVID-19 related financial fraud. For more information on the department’s response to the pandemic, please click here.

Anyone with information about allegations of attempted fraud involving COVID-19 can report it by calling the Department of Justice’s National Center for Disaster Fraud (NCDF) Hotline at 866-720-5721 or via the NCDF Web Complaint Form at https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

Related court documents and information may be found on the website of the District Court for the Southern District of Florida at www.flsd.uscourts.gov or at http://pacer.flsd.uscourts.gov under case no. 23-cr-20036.

Press release by DOJ.

Featured image: by DonkeyHotey is licensed under CC BY 2.0.

Three Individuals Charged with Operating Multimillion-Dollar Elder Fraud Scheme

Featured image: by ota_photos is marked with CC BY-SA 2.0.

A federal grand jury in Las Vegas returned an indictment yesterday charging three individuals with operating a mail fraud scheme that defrauded thousands of U.S. victims, many of whom were elderly and vulnerable.

According to court documents, Kimberly Stamps, 46, of Gilbert, Arizona; John Kyle Muller, 56, of Boulder, Colorado; and Barbara Trickle, 78, of Las Vegas, conspired to operate a fraudulent mass-mailing scheme that deceived thousands of consumers into paying fees for falsely promised prizes. The indictment alleges that, from 2012 to 2018, the defendants mailed millions of prize notices that led victims to believe they were specially chosen to receive a large cash prize and would receive the prize if they paid a small fee. Victims who paid the requested fee, however, did not receive the promised cash prize. Although the notices appeared to be personalized correspondence, they were merely mass-produced form letters that were bulk-mailed to recipients whose names and addresses appeared on mailing lists purchased and rented by the defendants.

“The department is committed to investigating and prosecuting mass-market schemes that harm seniors and other vulnerable persons,” said Principal Deputy Assistant Attorney General Brian M. Boynton, head of the Justice Department’s Civil Division. “We devote substantial resources to these investigations and prosecutions, in furtherance of our commitment to protecting the financial security of all Americans.”

“Today’s indictment reflects the commitment of Postal Inspectors to protect older Americans from scams that prey on the vulnerable,” said Inspector in Charge Eric Shen of the United States Postal Inspection Service (USPIS) Criminal Investigations Group. “These individuals took advantage of the euphoria of winning a prize to bilk victims out of their money, when in fact they knew there was no prize waiting; all while violating a previous cease and desist order to stop their fraudulent behavior. Now they have been brought to justice for their crimes and will face their comeuppance for their illegal activity.”

The indictment alleges that Stamps and Muller selected and edited the prize-notice mailings, set the mailing schedules, and collected and processed victim payments. Trickle – aware of the deceptive nature of the mailings and that victims were in fact deceived – produced the physical mailings, introduced them to the U.S. Mail, and assisted with managing the data that Stamps and Muller used to target consumers for repeated victimization.

According to the indictment, Stamps, Muller, and Trickle continued to operate their fraudulent mass-mailing scheme in violation of a United States Postal Service cease-and-desist agreement and consent order reached in 2012. The agreement and order had permanently barred Stamps and anyone working with her from mailing fraudulent prize notices.

The indictment charges each of the three defendants with conspiracy to commit mail and wire fraud, along with multiple counts of mail fraud and wire fraud. The defendants are expected to make their initial appearances on Feb. 15 before a U.S. magistrate judge in the U.S. District Court for the District of Nevada. Each charge in this case carries a statutory maximum sentence of 20 years in prison, and a statutory maximum fine of $250,000 or twice the gross gain or gross loss from the offense. A federal district court judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors.

The USPIS investigated the case.

Trial Attorneys Carolyn Rice and Charles Dunn of the Department of Justice Civil Division’s Consumer Protection Branch prosecuted this case, with assistance from the U.S. Attorney’s Office for the District of Nevada.

The department’s extensive and broad-based efforts to combat elder fraud seeks to halt the widespread losses seniors suffer from fraud schemes. The best method for prevention, however, is by sharing information about the various types of elder fraud schemes with relatives, friends, neighbors, and other seniors who can use that information to protect themselves.

If you or someone you know is age 60 or older and has been a victim of financial fraud, help is standing by at the National Elder Fraud Hotline: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). This U.S. Department of Justice hotline, managed by the Office for Victims of Crime, is staffed by experienced professionals who provide personalized support to callers by assessing the needs of the victim and identifying relevant next steps. Case managers will identify appropriate reporting agencies, provide information to callers to assist them in reporting, connect callers directly with appropriate agencies, and provide resources and referrals, on a case-by-case basis. Reporting is the first step. Reporting can help authorities identify those who commit fraud and reporting certain financial losses due to fraud as soon as possible can increase the likelihood of recovering losses. The hotline is staffed seven days a week from 6:00 a.m. to 11:00 p.m. eastern time. English, Spanish, and other languages are available.

For more information about the Consumer Protection Branch, visit its website at www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. For more information about the U.S. Attorney’s Office for the District of Nevada visit their websites at www.justice.gov/usao-nv.

An indictment is merely an allegation, and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.

Press Release by DOJ.

Featured image: by ota_photos is marked with CC BY-SA 2.0.

Three CA companies agree to pay $530K over PPP loans violations

"3D Emergency Fund" by ccPixs.com is marked with CC BY 2.0.

Three California companies have agreed to pay a total of $530,000 to settle allegations that they knowingly violated the False Claims Act when they received and retained more than one Paycheck Protection Program (PPP) loan prior to Dec. 31, 2020, in violation of PPP rules.

La Baguette, LLC, which operates a bakery in Palo Alto, has agreed to pay $430,000 to settle allegations that it received and retained a duplicate PPP loan in 2020 and then later improperly sought and received forgiveness for the duplicate loan.

Dynamic Integrated Solutions, Inc., an industrial equipment supplier located in Santa Clara, has agreed to pay $50,000 in civil penalties to settle allegations that it received and retained a duplicate loan. The company agreed to repay the loan in full to its lender, relieving the U.S. Small Business Administration (SBA) of liability to the lender for the federal guaranty of approximately $985,000 on the duplicate loan.

Priority Acquisitions, Inc., a licensed general contractor located in Castro Valley, has agreed to pay $50,000 in civil damages and penalties to settle allegations that it received and retained a duplicate loan. The company agreed to repay the loan in full to its lender, relieving the SBA of liability for the federal guaranty of approximately $200,625.

Congress created the PPP in March 2020, as part of the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, to provide emergency financial support to the millions of Americans suffering the economic effects caused by the COVID-19 pandemic. The CARES Act authorized billions of dollars in forgivable loans to small businesses struggling to pay employees and other business expenses. Throughout 2020, PPP loan applicants were required to certify that they would not receive more than one PPP loan prior to Dec. 31, 2020.

“PPP loans were intended to provide critical relief to small businesses,” said Principal Deputy Assistant Attorney General Brian M. Boynton, head of the Justice Department’s Civil Division. “The department is committed to pursuing those who knowingly violated the requirements of the PPP or other COVID-19 assistance programs and obtained relief funds to which they were not entitled.”

“PPP loans were intended to help qualified businesses retain their employees and pay other bills during the pandemic,” said U.S. Attorney Stephanie M. Hinds for the Northern District of California. “This Office will continue to pursue any business that misused the program by obtaining PPP loans for which they were not eligible, as the three settlements announced today reflect.”

“Those who violate the False Claim Act by fraudulently receiving and retaining SBA pandemic program funds will be held accountable,” said Special Agent in Charge Weston King of SBA OIG’s Western Region. “This settlement demonstrates that wrongfully obtaining taxpayer dollars will not go unnoticed, and violators will be identified. I want to thank the U.S. Attorney’s Office and our law enforcement partners for their support and dedication to pursuing justice in this case.”

The settlements resolve claims brought under the qui tam or whistleblower provisions of the False Claims Act by J. Bryan Quesenberry. Under those provisions, a private party can file an action on behalf of the United States and receive a portion of any recovery. The qui tam case is captioned U.S. ex rel. Quesenberry v. Bay Wire, Inc., et al., No. 2:20-cv-712 (N.D. Cal.). Quesenberry will receive a total of approximately $80,000 in connection with the three settlements.

The resolution obtained in this matter was the result of a coordinated effort between the Civil Division’s Commercial Litigation Branch, Fraud Section, and the U.S. Attorney’s Office for the Northern District of California, with assistance from the SBA’s Office of General Counsel and Office of the Inspector General.

This matter was handled by Trial Attorney Jared S. Wiesner of the Civil Division and Assistant U.S. Attorney Michael T. Pyle for the Northern District of California.

On May 17, 2021, the Attorney General established the COVID-19 Fraud Enforcement Task Force to marshal the resources of the Department of Justice in partnership with agencies across government to enhance efforts to combat and prevent pandemic-related fraud. The task force bolsters efforts to investigate and prosecute the most culpable domestic and international criminal actors and assists agencies tasked with administering relief programs to prevent fraud by, among other methods, augmenting and incorporating existing coordination mechanisms, identifying resources and techniques to uncover fraudulent actors and their schemes, and sharing and harnessing information and insights gained from prior enforcement efforts. For more information on the department’s response to the pandemic, please visit https://www.justice.gov/coronavirus.

Tips and complaints from all sources about potential fraud affecting COVID-19 government relief programs can be reported by visiting the webpage of the Civil Division’s Fraud Section, which can be found here. Anyone with information about allegations of attempted fraud involving COVID-19 can also report it by calling the Department of Justice’s National Center for Disaster Fraud (NCDF) Hotline at 866-720-5721 or via the NCDF Web Complaint Form at: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

The claims resolved by the settlement are allegations only, and there has been no determination of liability.

Press release from DOJ.

Featured image: by ccPixs.com is marked with CC BY 2.0.

Felon Sentenced for Fraudulently Obtaining over $419K in Covid Aid while on Probation

"Money Roll - $100 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is marked with CC BY-SA 2.0.

Maryland Felon Sentenced to 18 Months in Federal Prison for Fraudulently Obtaining More Than $419,000 in COVID-19 CARES Act Loans While on Probation for a Previous Federal Conviction

The Defendant Made False Statements on the Applications to Obtain the Loans, Then Misappropriated Some of the Funds to Pay Her Personal Expenses, including a Car, a Boat, a Vacation, and Tickets to Sporting Events

Greenbelt, Maryland – U.S. District Judge Deborah J. Boardman sentenced Sherrie Lynne Bryant, age 55, of Bowie, Maryland, yesterday to 18 months in federal prison, followed by three years of supervised release, for wire fraud, relating to the submission of fraudulent Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (“CARES”) Act loan applications, and for violating her probation from a previous federal conviction for obstruction of an audit.

The sentence was announced by United States Attorney for the District of Maryland Erek L. Barron and Special Agent in Charge Darrell Waldon of the Internal Revenue Service – Criminal Investigation, Washington, D.C. Field Office.

Financial assistance offered through the CARES Act, which was enacted in March 2020 to provide emergency financial assistance to Americans suffering from the economic effects caused by the COVID-19 pandemic, included forgivable loans to small businesses for job retention and certain other expenses, through the Paycheck Protection Program, and Economic Injury Disaster Loan (EIDL) and/or an EIDL advance to help businesses meet their financial obligations, both administered through the Small Business Administration (SBA).  An EIDL advance did not have to be repaid, and small businesses could receive an advance of up to $10,000, even if they were not approved for an EIDL loan.

According to her plea agreement, Bryant was the managing member of NOW LLC.  The company’s stated purpose was to “provide mentoring, education and training to underserved populations.  Also, to provide vocational rehabilitation and mental health support services to: children, youth and adults.”  In reality, NOW LLC has been awarded contracts for “janitorial services” for Amtrak at the New Carrollton, Maryland and Baltimore-Washington International Airport Amtrak stations.  They have also applied for SBA loans through various programs and cited their business as “construction and contractors.”  A review of checks from NOW LLC’s operating account indicate that they may be outsourcing janitorial work to subcontractors.

On March 30, 2020, Bryant submitted an EIDL loan application for $89,500, which falsely stated that NOW LLC earned approximately $475,610 in gross revenues during the prior 12 months and incurred cost of goods sold of $276,614 during the same time frame.  Further, Bryant falsely answered “No” to the question concerning whether she had been convicted…or been placed on any form of parole or probation.  In fact, Bryant was on probation for a previous federal conviction at the time she submitted the application.

As detailed in the plea agreement, Bryant received a $10,000 EIDL advance and was subsequently approved for, and received, loan proceeds of $89,400.  On April 22, 2021, Bryant submitted a request for a modification of the EIDL, specifically, approval to increase the loan amount to $388,000, based on the certifications in her prior EIDL application.  The loan increase was approved and on June 28, 2021, Bryant received additional loan proceeds of $298,500.

In the meantime, on April 28, 2020, Bryant also applied for, and subsequently received, PPP loan proceeds totaling $21,200.  Bryant again falsely responded to the question that asked, “within the last five years, for any felony, has the Applicant…(1) been convicted; (2) pleaded guilty; (3) pleaded nolo contendere; (4) been placed on pretrial diversion; or (5) been placed on any form of parole or probation (including probation before judgment)?”  Bryant answered “No” to that question, knowing that she was on federal supervised release at the time the application was submitted.

Bryant admitted that she fraudulently obtained at least $419,100 in COVID-19 CARES Act loan proceeds.  Bryant misappropriated a portion of the funds for her personal use, including paying for her car and a boat, paying for a vacation, and paying for tickets to sporting events.

For more information on the Department’s response to the pandemic, please visit https://www.justice.gov/coronavirus.  Anyone with information about allegations of attempted fraud involving COVID-19 can report it by calling the Department of Justice’s National Center for Disaster Fraud (NCDF) Hotline at 866-720-5721 or via the NCDF Web Complaint Form at: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

United States Attorney Erek L. Barron commended the IRS-CI for its work in the investigation.  Mr. Barron thanked Assistant U.S. Attorneys Kelly O. Hayes and Joseph Wenner, who prosecuted the case.

For more information on the Maryland U.S. Attorney’s Office, its priorities, and resources available to help the community, please visit www.justice.gov/usao/md.

Press Release by DOJ.

Featured image: by 401(K) 2013 is marked with CC BY-SA 2.0.

Creator of CoinDeal Crypto Scheme and Seven Others Charged Over Alleged $45 Million Fraud

KaratCoin Cryptocurrency

Orchestrator used investors’ funds to buy cars, real estate, and a boat

Washington D.C. — The Securities and Exchange Commission today charged Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, and BannersGo, LLC for their involvement in a fraudulent investment scheme named CoinDeal that raised more than $45 million from sales of unregistered securities to tens of thousands of investors worldwide.

According to the SEC’s complaint filed in the U.S. District Court for the Eastern District of Michigan, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, and Mossel falsely claimed that investors could generate extravagant returns by investing in a blockchain technology called CoinDeal that would be sold for trillions of dollars to a group of prominent and wealthy buyers. From at least January 2019 to 2022, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, and Mossel allegedly disseminated false and misleading statements to investors regarding the purported value of CoinDeal, the parties involved in the supposed sale of CoinDeal, and the use of investment proceeds. According to the complaint, no sale of CoinDeal ever occurred and no distributions were made to CoinDeal investors. The complaint further alleges that the defendants collectively misappropriated millions of dollars of investor funds for personal use, and that Chandran used investor funds to purchase items such as cars, real estate, and a boat.

“We allege the defendants falsely claimed access to valuable blockchain technology and that the imminent sale of the technology would generate investment returns of more than 500,000 times for investors,” said Daniel Gregus, Director of the SEC’s Chicago Regional Office. “As alleged in our complaint, in reality this was all just an elaborate scheme where the defendants enriched themselves while defrauding tens of thousands of retail investors.”

In June 2022, the U.S. Department of Justice indicted Chandran in the U.S. District Court for the District of Nebraska on three counts of wire fraud and two counts of monetary transaction in unlawful proceeds for his involvement in CoinDeal.

The SEC’s complaint charges:

  • Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op, and BannersGo with violating the antifraud and registration provisions of the Securities Act and Exchange Act;
  • Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op, and BannersGo with aiding and abetting certain of Chandran’s violations of the antifraud provisions of the Exchange Act; and
  • Mossel and AEO Publishing with aiding and abetting Glaspie’s violations of the antifraud and registration provisions of the Securities Act and Exchange Act.

The SEC’s complaint seeks disgorgement plus pre-judgment interest, penalties, and permanent injunctions against all defendants; officer and director bars against Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, and Mossel; and a conduct-based injunction against Chandran.

The SEC’s ongoing investigation is being conducted by Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombino, and Lynette Nichols-Newman, and supervised by Ana D. Petrovic and Paul A. Montoya, all of the Chicago Regional Office. The litigation will be led by Michael D. Foster, also of the Chicago Regional Office. The SEC appreciates the assistance of the Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs and Florida Office of Financial Regulation.

The SEC’s Office of Investor Education and Advocacy has issued investor alerts on the red flags of investment fraud.

Press Release by SEC.

Four Individuals Charged in Crypto Scheme Targeting Spanish-Speakers

"Bitcoin Crypto Coin Stock Photo" by Crypto360 is marked with CC BY 2.0.

Forcount Trader Systems’ creator and promoters orchestrated $8.4 million fraud

Washington D.C., Dec. 14, 2022 — The Securities and Exchange Commission today charged Francisley Valdevino Da Silva, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias, and Jose Ramiro Coronado Reyes for their roles in creating and promoting Forcount Trader Systems, Inc., a fraudulent crypto asset pyramid scheme that raised more than $8.4 million from hundreds of retail investors primarily from Spanish-speaking communities throughout the United States and other countries.

According to the SEC’s complaint, from approximately July 2017 to November 2020, Brazilian national Da Silva and U.S.-based promoters Tacuri, Perez, and Coronado enticed and defrauded investors out of millions of dollars with the promise of guaranteed returns resulting from investments in “memberships” in Forcount Trader Systems. These memberships purportedly gave investors an interest in profits from Forcount’s supposed crypto asset trading and mining operations. Investors could also participate in Forcount’s referral program, which, as the complaint alleges, incentivized recruiting new victims. The complaint alleges that the defendants knew or were reckless in not knowing that Forcount had no crypto asset trading and mining operations and that the only way the scheme could continue was by increasing the investor base. The defendants allegedly accelerated Forcount’s inevitable collapse by misappropriating investor funds to buy themselves homes, cars, and luxury goods.

“As the complaint alleges, Da Silva, Tacuri, Perez, and Coronado deceived investors, most of whom were members of Spanish-speaking communities, with false promises of high returns on crypto-asset related investments,” said Thomas P. Smith, Jr., Co-Acting Regional Director of the New York Regional Office. “Protecting investors from fraudulent pyramid schemes where promoters pitch high returns and complex commission structures is part of the SEC’s mission to make markets fair and open to all.”

The SEC’s complaint, filed in federal district court in the Southern District of New York, charges the defendants with violating the anti-fraud and registration provisions of the federal securities laws. The complaint seeks permanent injunctive relief, conduct-based injunctions preventing the defendants from participating in multi-level marketing or crypto asset offerings, disgorgement of ill-gotten gains and prejudgment interest, civil penalties, and officer-and-director bars.

In a parallel action, the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York today announced criminal charges against Da Silva and Tacuri.

The SEC’s ongoing investigation is being conducted by Shannon Keyes and Christopher Mele of the SEC’s New York Regional Office. It has been supervised by Hane L. Kim of the SEC’s Retail Strategy Task Force and Mr. Smith. The litigation will be conducted by Ms. Keyes and Mr. Mele. The Commission appreciates the assistance of the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York; the El Dorado Task Force and Securities Investigations Group of Homeland Security Investigations (“HSI”) New York; HSI Brasilia; HSI Orlando; HSI Tampa;  the Brazilian Federal Police; the Bureau of Financial Investigations of Florida Office of Financial Regulation; the Bureau of Insurance Fraud, Property & Casualty in the Division of Investigative and Forensic Services of the Florida Department of Financial Services; the New York City Sheriff’s Office; and the New York City Police Department.

The SEC’s Office of Investor Education and Advocacy and Enforcement’s Retail Strategy Task Force direct investors to resources on detecting and avoiding pyramid schemes and a Spanish language investor alert, Esté al tanto de los Esquemas de Pirámides haciéndose pasar por Programas de Mercadeo de Niveles Múltiples. Investors can find additional information about pyramid schemes at Investor.gov.

Press Release by SEC.

Featured image: by Crypto360 is marked with CC BY 2.0.