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Lo que había comenzado como una noche de festividades para celebrar el Año Nuevo Lunar en el Star Ballroom Dance Studio, un popular salón de baile al que acudían con frecuencia miembros de la comunidad asiática de la zona, rápidamente se transformó en la escena de un crimen que ha dejado a los residentes locales conmocionados.

A media milla del salón de baile vive Peter Ng, consejero delegado del Chinatown Service Center, quien a diario pasa por delante de éste y cuya organización se ha volcado en ayudar a las víctimas y a los familiares de éstas. “Esta tragedia…ha destrozado los corazones de todo el mundo”, lamenta Ng durante una presentación encabezada por AAPI Equity Alliance, Asian Americans Advancing Justice SoCal y Ethnic Media Services (EMS) el 26 de enero.

Vea aquí el vídeo completo.

“En los años 70, (Monterey) era un punto de encuentro para los inmigrantes de Taiwán y China que iban a comprar y a comer a sus restaurantes”, dice. Y debido a su elevada población asiática, a esta localidad californiana se la conoce, de forma cariñosa, como “la pequeña Taipei” o “el Beverly Hills chino”.

Cuenta Ng que el tiroteo le obligó a enviar un equipo de especialistas al Centro de Trauma para atender a las víctimas y que han recibido llamadas de unas siete familias afectadas. Pero aclara que “la gente que necesita ayuda no es la que llama, sino sus familiares”. “Por ejemplo, la familia de la hermana de una víctima nos llamó porque estaba destrozada, se había encerrado en sí misma y no hablaba con nadie porque estaba traumatizada”.

Anuncia, además, un plan de “Reanimación Mental” dirigido a educar a la comunidad sobre el vocabulario y los comportamientos a los que se deben prestar atención para identificar si una persona puede requerir la ayuda de un especialista.

Recursos para las víctimas

Otra organización que saltó a la acción de forma inmediata fue AAPI Equity Alliance, que se alió con varias instituciones para poner a disposición de los afectados un directorio con los nombres y datos de contacto de entidades que ofrecen servicios psicológicos, apoyo jurídico y ayudas económicas a las víctimas y familiares de éstas.

Asegura Manjusha Kulkarni, directora ejecutiva de AAPI Equity Alliance, que el directorio se actualiza con frecuencia y está disponible en distintos idiomas asiáticos para facilitar el acceso a los recursos a la diversa comunidad inmigrante que procede de distintos países de ese continente.

Entre los múltiples programas de ayudas se encuentra también CalVCB, un fondo que, a los individuos que cumplan una serie de requisitos y previa presentación de varios documentos, reembolsa los gastos fúnebres, el tratamiento médico y la asistencia psicológica a las víctimas.

El sistema de CalVCB, sin embargo, no es fácilmente navegable, como apuntan otros panelistas. “Es un proceso muy burocrático y tarda meses”, asevera Connie Chung Joe, abogada y consejera delegada de Asian Americans Advancing Justice SoCal. “Nosotros les podemos ayudar a rellenar los formularios”. Sin embargo, tampoco hay garantías de que a los afectados se les apruebe la participación en el programa.

Otra de las iniciativas que se han puesto en marcha es una campaña de recaudación de fondos (GoFundMe) que, a 26 de enero de 2022, había logrado casi duplicar el objetivo inicial, fijado en $500.000.

Esta respuesta “es lo que realmente me ha dado esperanza”, asegura Chun-Yen Chen, directora ejecutiva del Asian Pacific Community Fund, que agrega: “toda la recaudación va para las víctimas y los supervivientes”.

Chen, cuyos hijos asistían de pequeños a clases de baile al mismo salón donde ocurrió el tiroteo, explica que ha recibido numerosas llamadas de miembros de la comunidad que “temen que el estudio de baile cierre sus puertas de forma permanente”. Su mensaje, en cambio, es que “necesitamos seguir bailando”.

Falta de coordinación entre el Gobierno y las organizaciones comunitarias

El tiroteo ocurrido en Monterey Park ha puesto también de manifiesto las deficiencias existentes en los sistemas de respuesta ante tragedias de esta magnitud. Como apunta Chung Joe, ha habido una desconexión y una falta de “coordinación entre el gobierno y las organizaciones comunitarias”.

Si bien el Gobierno tiene acceso inmediato a los nombres de las víctimas, esta información se blinda de cara a las organizaciones que brindan apoyo sobre el terreno, lo que dificulta garantizar que los recursos y servicios disponibles llegan a quienes los necesitan.

Por su parte, Chung Joe insiste en que esta desconexión se ve agudizada cuando el Gobierno trata de dar asistencia a las víctimas sin conocer cuáles son sus necesidades, barreras culturales y dificultades lingüísticas, datos que sí conocen de primera mano los centros comunitarios. Lamenta, además, no haber recibido una llamada de un representante político hasta el cuarto día después de la tragedia.

“He hablado con unos 100 representantes políticos a nivel federal, estatal y local…hasta que por fin he dado con la persona con la que necesitaba hablar”, dice Chung Joe.

Para terminar, la directiva expresó su descontento con las especulaciones emitidas por algunos medios de comunicación sobre el perfil y los motivos que llevaron al agresor a perpetrar un ataque contra su propia comunidad.

“No sabemos cuál era su intención, y me preocupa cuando escucho a los medios tratando de especular sobre lo que ha podido pasar y retratando a nuestros ancianos asiático-americanos de manera peligrosa o volátil”, denuncia. “Éste es el perturbador retrato que se ha visto a la luz de esta tragedia y de la de Half Moon Bay”.

Featured image: by Zedembee is licensed under CC BY-SA 4.0.

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“We have seen time and time again predatory practices against the most vulnerable victims,” District Attorney Gascón said. “This person allegedly preyed upon immigrants who lacked the sophistication to navigate the immigration system. She was repeatedly told she could not legally provide immigration services, but, nevertheless, she ignored these warnings. These kinds of crimes cheat unassuming people out of their hard-earned money and endanger their immigration status.”

Nubia Esmeralda Burrier (dob 10/28/1966) was charged in case BA512477 with 10 counts of grand theft and one count of first-degree residential burglary with a person present.

She is scheduled to be arraigned next week at the Foltz Criminal Justice Center.

For the past 14 years, Burrier met with victims at her office across the street from the U.S. Immigration Court. She allegedly filed for political asylum on their behalf even though she knew they were not eligible. She is also accused of rendering services never provided.

In total, Burrier allegedly stole $127,150 from 17 victims.

The case remains under investigation by the District Attorney’s Economic Justice and Notario Fraud Unit and the Los Angeles County Department of Consumer and Business Affairs (DCBA). Anyone who believes they have been defrauded can call the DCBA hotline at (213) 974-1452.

Press release by Los Angeles County District Attorney’s Office.

Featured image: by lcars is licensed under CC BY-NC 2.0.

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